La Paz, BCS, 19 de mayo.- El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) suspendió a ocho trabajadores que el pasado 11 de mayo participaron en una movilización para tomar las oficinas de la rectoría, informó el abogado general de la máxima casa de estudios, Adrián de la Rosa Escalante.
El representante legal de la universidad precisó que siete fueron castigados con una semana sin goce de sueldo, mientras que el catedrático Carlos Villavicencio Garayzar, quien se ostenta ilegalmente como rector, fue sancionado con un mes sin goce de salario.
Explicó que la sanción fue ordenada por el Consejo General Universitario (CGU) por la comisión de faltas graves contra la universidad, pues Carlos Villavicencio junto con un grupo de profesores, trabajadores administrativos y alumnos intentaron tomar por la fuerza las oficinas de la rectoría y más tarde interrumpieron la sesión del Consejo con el propósito de desestabilizar el proceso de elección del nuevo rector.
En noviembre de 2010, tras la renuncia del rector Rodrigo Guerrero Rivas y debido a la ambigüedad de la legislación universitaria para nombrar a un suplente en este tipo de casos, los dos órganos de gobierno de la institución hicieron sus designaciones. Javier Gaitán Morán por parte del Consejo General Universitario y Carlos Villavicencio Garayzar por parte de la Junta Consultiva.
En marzo, el Congreso del estado modificó la Ley Orgánica de la UABCS, definiendo que la designación del rector interino y la organización de las elecciones para nombrar a un titular correspondían únicamente al Consejo General Universitario.
Como resultado de esto, los consejeros de la Junta Consultiva fueron cambiados y Villavicencio Aguilar desconocido como rector interino, por lo que ambos iniciaron una lucha legal para cancelar las reformas aprobadas por los diputados de la anterior legislatura.
De la Rosa Escalante mencionó que el 11 de mayo todavía se dio la oportunidad a Villavicencio Garayzar que, frente a un notario, mostrara algún documento legal que lo acreditara como rector interino, pero en su lugar recurrió a actos vandálicos junto con otros profesores y trabajadores administrativos.
La ex integrante de la Junta Consultiva de la universidad, Lorella Castorella Davis, acusó al “todopoderoso” CGU y al rector Javier Gaitán Morán de reprimirla a ella, así como a Carlos Villavicencio, Carlos Caceres, Juan Manuel Green, César Ruiz, Margarita Domínguez, Alma de la Torre y Ana Beltrán por manifestarse la semana pasada de forma pacífica.
Dijo que desde el jueves le quitaron su salario y todo parece indicar que se iniciará un juicio para procesal contra los trabajadores que se pronunciaron por el restablecimiento de la legalidad en la universidad.
Al respecto, de la Rosa Escalante dijo que los cheques de la quincena pasada fueron depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que los entregara junto con la notificación de la sanción.
El problema, añadió, fue que la Junta sin justificación los regresó a la universidad, por lo que se tomo la decisión de pagarlos a través de la unidad jurídica.
Puntualizó que ante esta situación la sanción ya no aplicará en la quincena que transcurre, sino a partir de la próxima, pero para que así sea los trabajadores tienen que recibir la notificación de forma personal.
De la Rosa Escalante aclaró que no se despidió a ningún trabajador, pero advirtió que en caso de reincidencia se tendrá que proceder de esa manera con base en el estatuto general de la universidad.
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