La Paz, BCS, 3 de mayo.- La Procuraduría Agraria Nacional y el gobierno de Baja California Sur instalaron una mesa de trabajo para atender los conflictos de "invasión" de tierras ejidales en esta entidad.
El procurador agrario Rosendo González Patiño coincidió con el gobernador Marcos Covarrubias en que no se debe permitir ningún despojo más de tierras en Baja California Sur, por lo que junto con el convenio de colaboración que firmaron este martes para atender los problemas agrarios y promover el desarrollo de los ejidos de esta entidad, se estableció una mesa de trabajo para revisar de forma conjunta cada una de las “invasiones” de tierras.
“Lo que queremos es dar soluciones a la gente que no tiene áreas para vivienda, pero en un marco viable que no violente los derechos de terceros”, explicó.
González Patiño mencionó que desde que se implementó el programa de certificación de núcleos agrarios en el país, se tiene un avance del 96 por ciento, por lo que están pendientes 2 mil 500 núcleos a nivel nacional, 600 de los cuales se regularizarán este año, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Sin embargo, indicó, la labor de la Procuraduría Agraria no se ha limitado a la certificación, sino al impulso de inversiones conjuntas entre ejidatarios y empresarios a fin de sacarle provecho al campo, no sólo en materia agrícola, sino también minera y turística.
Expresó que la falta de seguridad en la tenencia de la tierra impidió llevar inversiones al campo durante mucho tiempo, por lo que los ejidos no se han explotado en forma adecuada y prácticamente están “vírgenes”.
Puntualizó que la recomendación hacia los ejidatarios que ya cuentan con la regularización de su tierra, es que no la vendan, que se asocien y le saquen provecho, destacando que el 52 por ciento del territorio nacional es propiedad social, donde se encuentran las dos terceras partes de las costas y el 80 por ciento de los bosques y selvas.
Tras indicar que se debe dejar atrás la idea de que el campo es sólo siembra de maíz y frijol, dijo que existe el interés de más de 600 empresas mineras por establecerse en México en estos años para explotar diversos materiales.
Reconoció que en algunos estados la llegada de esas empresas provocó conflictos con los ejidatarios, pero con el paso del tiempo se han ido superando a través de esquemas más precisos sobre los beneficios que no sólo tienen que ver con la renta de la tierra, sino con el empleo de sus propietarios por parte de los inversionistas.
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