La Paz, BCS, 15 de marzo.- En medio de reclamos de justicia, rechiflas, abucheos y gritos de ¡ya vete! y ¡fuera!, el gobernador Narciso Agúndez Montaño, rindió su sexto y último informe de gobierno ante los diputados de la XIII legislatura del Congreso del estado.
La sala de sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso local fue el escenario de los aplausos de los funcionarios y trabajadores de gobierno que dejaron sus oficinas para alentar al gobernador y los reclamos de justicia de los familiares de dos jóvenes asesinados meses atrás en sucesos distintos.
Simpatizantes del diputado priísta Omar Zavala, quien recuperó la curul que había sido reasignada al PAN por el Tribunal Federal Electoral (Trife), y un grupo de trabajadoras del municipio de Comondú que desde hace varios días llevan a cabo un plantón en la explanada del gobierno del estado en demanda de su basificación, también se manifestaron en contra del gobernador.
A cinco semanas de las elecciones locales que dieron fin a la hegemonía del PRD en el gobierno del estado durante dos sexenios, Agúndez Montaño sostuvo que se comprometió a impulsar la democracia y cumplió.
En su mensaje, destacó que en la síntesis de los presupuestos ejercidos durante su gestión, la inversión conjunta entre el gobierno del estado y la federación pasó de 11 mil 627 millones de pesos en 2005 a 19 mil millones en 2010, lo que significó la realización de más de 30 mil obras y acciones.
Destacó los logros en educación, salud, deporte, cultura, asistencia social, vivienda, empleo, infraestructura, actividades productivas primarias, turismo y seguridad.
Precisó que a pesar de los “lamentables” casos de violencia y detención de narcotraficantes que se observaron en el último periodo, Baja California Sur sigue siendo de los espacios y lugares más seguros del país.
“Dejamos un estado en paz y tranquilidad”, remarcó.
Por su lado, el presidente del primer periodo ordinario de sesiones de la XIII legislatura que quedó instalada el lunes, el diputado panista Luis Pérez Murrieta dijo que la voluntad popular expresada en las urnas en el pasado proceso electoral obliga a los legisladores a dar respuesta a las exigencias sociales de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y en general a consolidar la renovación democrática de los mandos del gobierno.
Precisó que es necesario consolidar el cambio democrático, pues el solo cambio político sería insuficiente, porque en el estancamiento económico se marchita la democracia, la competencia política se torna un conflicto social y se frustran los propósitos de equidad y de justicia.
Afirmó que la actual legislatura debe ser conocida por la seriedad de sus trabajos, el rigor de sus deliberaciones y la calidad de sus decisiones.
Al término del informe, la mesa directiva del periodo tomó protesta al priísta Omar Zavala como legislador en sustitución de la panista Norma Alicia Flores, a quien el Trife le había adjudicado la curul.
Con el reacomodo de curules, la coalición PAN-Partido Renovación Sudcaliforniana queda con nueve, el PRI-PVEM con 5, el PRD-PT con 4, Convergencia con uno al igual que Nueva Alianza.
En entrevista, Narciso Agúndez dijo que a unos días de dejar la gubernatura se va con la conciencia tranquila porque se dedicó a trabajar y cumplió con su responsabilidad.
“Me voy tranquilo, podré caminar por cualquier ciudad, cualquier calle del estado, no le debo a nadie y no tengo nexos con ninguna actividad ilícita”, puntualizó.
Mencionó que no se ve en el gabinete federal y sobre la liquidación de funcionarios, expresó que por ley les corresponde y hará una evaluación de las finanzas para cumplir con el pago, si no sólo entregará un apoyo.
Deseó suerte a su sucesor, el panista Marcos Covarrubias Villaseñor, porque si le va bien a su administración le irá bien a Baja California Sur.
El sector empresarial de Los Cabos consideró que el gobierno de Narciso Agúndez se distinguió por hacer obras, pero dejó pendientes importantes en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia y transparencia, entre otros.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi, puntualizó que de los 10 temas torales que el gobernador se comprometió a cumplir al inicio de su administración, se sacó adelante sólo uno, la creación del Instituto Municipal de Planeación.
En cambio, dijo, el gobierno que se va el 5 de abril, quedó a deber en la aplicación de la ley a los “invasores” de tierras y citó el caso del predio La Ballena, junto al aeropuerto internacional de San José del Cabo, donde las autoridades estatales y municipales incluso intentaron introducir los servicios básicos.
No es posible, señaló, que a los inversionistas los tres órdenes de gobierno les pongan todo tipo de trabas para desarrollar un proyecto y a gente que no puede demostrar la tenencia de la tierra se le ofrezcan facilidades.
Advirtió que si no se desaloja la ocupación del espacio donde está proyectada la ampliación del aeropuerto en cinco años más ese destino turístico quedará ahorcando.
Manifestó que el gobierno saliente además los engañó en el tema de los impuestos, pues los convenció de aumentar medio punto el de nóminas y uno el del hospedaje, pero el municipio de Los Cabos apenas cumplió y el estado nunca hizo sus aportaciones.
Puntualizó que el gobernador electo ya se comprometió con el Consejo a darle seguimiento a estos temas, por lo que esperan que en cuatro años y medio no tengan que estar haciendo los mismos señalamientos.
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