Raymundo León Verde
La Paz, BCS.- La concesión de miles de hectáreas en Baja California Sur a empresas canadienses para la explotación de minas de oro a cielo abierto con el uso de explosivos y sustancias tóxicas como el cianuro han generado protestas entre la población y la revisión de la legislación para permitir o desechar este tipo de industria en la entidad.
Organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, políticos, autoridades, académicos y ciudadanos demandan la cancelación de los proyectos de minería tóxica autorizados por el gobierno federal debido al riesgo que representan para la salud, el medio ambiente y las actuales actividades productivas de la región, en especial el turismo y la agricultura orgánica.
La autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Paredones Amarillos en 350 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos, fue el detonante de una movilización ciudadana que obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a frenarlo con el rechazo del cambio de uso de suelo, de forestal a minero.
La promotora del proyecto, Vista Gold, con sede en Vancuver, Canadá, no se ha dado por vencida al anunciar el reinicio de los trámites, pero ahora con el nombre de minera Concordia.
Ariel Ruiz Castillo, dirigente de la organización “Agua vale más que oro” surgida en el pueblo mágico de Todos Santos, a 30 kilómetros de distancia del proyecto Concordia, explicó que ante el repunte del precio del oro y otros metales empresas extranjeras, sobre todo canadienses, reanudaron los procedimientos administrativos en las zonas donde obtuvieron concesiones por parte del gobierno federal desde la década de los ochentas.
Un estudio del Servicio Geológico Mexicano del año pasado precisa el otorgamiento de al menos siete concesiones para la explotación de oro en Baja California Sur.
En La Paz, Picacho Blanco en proceso de licitación; Paredones Amarillos asignada a Minera Paredones Amarillos; San Antonio asignada a las empresas San Felipe, Minera Baja California y Minera María; El Triunfo asignada a Minera El Triunfo; y en Loreto, en proceso de exploración.
Ruiz Castillo cuestionó el doble discurso del gobierno federal en materia ambiental, pues por un lado el presidente Felipe Calderón en foros internacionales declara que México ha emprendido una serie de acciones para detener el cambio climático y por otro otorga concesiones a diestra y siniestra en todo el territorio nacional para la operación de una industria “contaminante y peligrosa” que está prohibida en otras partes del mundo.
Señaló que sólo el proyecto Concordia contempla el uso diario de 16 toneladas de cianuro para el proceso de separación del oro de la roca, lo que representa el paso de cuatro camiones cada día por la ciudad de La Paz durante nueve años y medio.
Además se cavaría un cráter de dos kilómetros de diámetro y 450 metros de profundidad, por lo que las explosiones y la trituración de las piedras que contienen el oro formaría una nube de polvo con partículas de arsénico (existente en la región de forma natural) que, según el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se esparciría en un radio de 170 kilómetros, lo que contaminaría la flora y fauna, destruiría los cultivos de orgánicos, y pondría en riesgo la salud de la población.
Añadió que la impermeabilización de la “presa de jales”, donde se depositarían los desechos de roca y cianuro, tampoco evitaría las filtraciones a los acuíferos de la zona ni está garantizado que no se reviente.
Ariel Ruiz señaló que los promotores de Concordia ofrecen 200 puestos de trabajo durante el tiempo que dure la extracción del oro, pero a cambio acabarán con la agricultura orgánica de la zona que hoy mantiene 10 mil empleos.
El 16 de enero más de nueve mil personas se reunieron en la playa El Tule de Cabo San Lucas para formar una S.O.S. (señal internacional de socorro) contra la minería tóxica en Baja California Sur.
El vocero de la organización derivada de esa movilización, David Sosa, señaló que a la preocupación causada por el regreso de Concordia se sumó información filtrada sobre una concesión de 44 mil hectáreas otorgada por la Secretaría de Economía en favor de Pediment Incorporated (Canadá) para instalar un agresivo proyecto de extraccion de oro a cielo abierto en un área aledaña a desarrollos turísticos y muy cerca del Mar de Cortés, en el municipio de La Paz, así como otra de mil 445 hectáreas asignada a un particular en el cerro de la Trinidad en el municipio de Los Cabos.
“¿En qué cabeza cabe hacer de un centro donde se asolean y emborrachan celebridades como George Clooney y Cameron Díaz, en un lugar con explosiones diarias, polvo y cianuro, o el uso irracional de agua en un lugar desértico?”, preguntó.
Aclaró que el proyecto de Vista Gold continúa y la prueba de ello es que presentó la MIA de la desaladora de agua de mar que utilizaría para la explotación de oro.
Además, advirtió, es extraño que por un lado la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas reclame más de mil hectáreas en la Sierra de la Laguna, que incluyen la superficie concesionada a Vista Gold, para su tutela y por otro reciba donativos de Baja Mining, empresa coreana que extrae cobre de Mulegé, pues algunos de los directivos de ésta también lo son de la primera.
Señaló que las leyes mexicanas en materia minera son muy frágiles y las empresas extractivas muy abusivas y puso como ejemplo los proyectos en el área de San Antonio, municipio de La Paz, donde los empresarios acordaron con los ejidatarios un pago de 25 pesos por metro cuadrado y que estos últimos se hagan cargo de los desechos tóxicos al término de la concesión.
Puntualizó que la sociedad organizada de Baja California Sur ya demostró que no quiere el asentamiento de la minería tóxica en esta entidad y continuará con la movilización, ahora con la recolección de cien mil firmas.
El gobernador Agúndez Montaño recordó que al interior del Consejo Consultivo para el Desarrollo Forestal del Estado fue rechazado el proyecto denominado en un inicio Paredones Amarillo y que hoy se presenta con el nombre de Concordia, ya que estudios realizados por instituciones de investigación y de educación superior comprobaron los altos riesgos de contaminación de los mantos freáticos que implican los procesos de producción de oro que contempla esta empresa.
Mientras el Congreso local aprobó en noviembre del año pasado una reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico que prohíbe a las autoridades estatales y municipales el otorgamiento de permisos de uso de suelo para la minería a cielo abierto.
El decreto, sin embargo, fue “congelado” por la presidenta del periodo pasado periodo ordinario de sesiones, la perredista Graciela Treviño, que no lo envió al ejecutivo estatal para su publicación en el Diario Oficial, luego de las protestas de la industria minera.
La Cámara Minera de México (CAMIMEX) afirmó, en su oportunidad, que la promulgación de esas reformas implicaría una violación a la Constitución de la República y su aplicación afectaría a los seis grupos mineros asentados en Baja California Sur que en el 2010 invirtieron 458 millones de dólares y generaron 4 mil empleos.
Ariel Ruiz reconoció que la iniciativa aprobada por el congreso local transgrede la legislación federal, por ello fue detenida.
“No estamos en contra de toda la minería, pues entendemos la viabilidad de la salinera de Guerrero Negro o la yesera de San Marcos, estamos en contra de la minería tóxica, aquella que utiliza sustancias peligrosas como el cianuro y el arsénico”, aclaró.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi, a su vez, declaró que la minería tóxica y el turismo son incompatibles.
Armando Sánchez, vocero de Sudcalifornianos Organizados por la Sustentabilidad, enfatizó que la presencia de las minas tóxicas a cielo abierto provocaría la bancarrota de toda la industria turística e inmobiliaria de Los Cabos.
“Al día siguiente que se instale la primer mina bajarían el precio de las tierras aledañas a las mismas”, apuntó.
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