Finiquito de 975 mil pesos para cada ex diputado; algunos lo recibieron por adelantado

La Paz, BCS, 28 de marzo.- El Congreso del estado confirmó este lunes que cada uno de los 21 diputados de la anterior legislatura recibió un "bono de retiro" de 975 mil pesos, el cual fue entregado en forma de "tanda"  desde el año pasado.

El presidente del actual periodo de sesiones, el panista Luis Pérez Murrieta, dijo que los ex diputados agruparon varias prestaciones y derechos para sumar los 975 mil pesos, pero lo que está mal es que la mayoría de ellos recibió el “bono de retiro” de manera adelantada y que se hayan repartido el dinero previsto para la realización del Foro de las Californias en la entidad, en el que participarían diputados de Baja California Sur, Baja California y California, Estados Unidos, el cual nunca se llevó a cabo.

Mencionó que en sesión secreta, el pasado viernes, la responsable de las finanzas del Congreso del estado informó a los diputados de la legislatura que entró en funciones el 14 de marzo que el “bono de retiro” incluyó dinero del fondo de retiro, seguro de vida, gastos médicos mayores, pago por uso de teléfono, el finiquito por fin de legislatura y el presupuesto del Foro de las Californias.

En total los ex diputados se repartieron 20 millones 475 mil pesos, pero no en la misma fecha, sino que acordaron los pagos como si fuera una “tanda”.

Pérez Murrieta dijo que al parecer no hay delito que perseguir porque los ex diputados se repartieron el dinero que por ley les correspondía, excepto el presupuesto del Foro de las Californias, pero la última palabra la tendrá la Comisión de Cuenta Pública a partir de la revisión que se haga de las cuentas de la pasada legislatura como parte del proceso de entrega recepción y la aplicación de una auditoría.

Puntualizó que debido a esta experiencia el Congreso del estado tendrá que regular los finiquitos de los diputados, pues no se ve nada bien que lo reciban con meses de anticipación.

Señaló que otro error de los ex diputados fue ocultar esta información.

Los ex legisladores Graciela Treviño, Ariel Castro y Silvestre de la Toba, negaron por separado, haber recibido algún tipo de finiquito. El único que aceptó la entrega de un bono final derivado del acumulado de diversas prestaciones fue su compañero de legislatura Natividad Osuna.

Rechaza Jorge Vale acusaciones por presunto peculado

La Paz, BCS, 28 de marzo.- El ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Jorge Alberto Vale Sánchez, denunciado y despedido por el presunto delito de peculado en 2007, demandó ante las autoridades laborales su reinstalación como profesor investigador de esa máxima casa de estudios.

Vale Sánchez dijo que su reclamo se debe a que las autoridades universitarias lo destituyeron de su plaza de profesor de tiempo completo, titular A con una antiguedad desde 1982, en forma injustificada, en un momento político en el que se modificó la Ley Orgánica de la universidad y se cambió al rector y a los jefes de departamento.

Acusado por la administración del rector Samuel Flores ante la Procuraduría General de la República por el presunto delito de peculado por la cantidad de 9 millones de pesos, aclaró que en la reunión del Consejo General Universitario en la que se promovió su destitución no se le permitió ningún tipo de defensa.

Explicó que debido a que en ese momento se encontraba con permiso sin goce de sueldo en la institución, para despachar como secretario de Desarrollo del gobierno del estado, solicitó a Samuel Flores la terminación de su licencia y su reinstalación, pero nunca le contestó.

Añadió que en 2007 promovió ante un juez federal un amparo respecto a las medidas administrativas tomadas por el Consejo General de la UABCS, mismo que fue negado, por lo que solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dar entrada a un juicio por reinstalación, petición que tampoco fue contestada.

Es en enero del 2011, dijo, que insistió ante un juez federal la obtención de un amparo para recibir respuesta respecto a la demanda hecha a las autoridades laborales del estado, por lo que el juicio se activó, dando inicio a una serie de reuniones conciliatorias.

Puntualizó que aunque la ley le permite exigir el pago de salarios caídos desde su destitución injustificada, en diciembre de 2007, lo que pide no es dinero, sino su reinstalación como profesor investigador.

Vale Sánchez, quien cubrió dos periodos seguidos como rector en la UABCS, de 1999 a 2005, señaló que las acusaciones de peculado en su contra son falsas, pues el dinero cuestionado lo utilizó para pagar salarios y aguinaldos de los trabajadores universitarios en el ejercicio fiscal de 2004.

Mencionó que desconoce el estado de la demanda por peculado en su contra, pero para él es un caso cerrado porque no hubo ningún desfalco a las arcas universitarias.

Detenidas exportaciones de sal mexicana a Japón

La Paz, BCS, 28 de marzo.- El  desastre natural y la contingencia nuclear en Japón han detenido las exportaciones de sal industrial y doméstica a ese país, por lo que la empresa salinera más grande del mundo, instalada en Guerrero Negro, en el noroeste de Baja California Sur, está en busca de nuevos mercados para que no decaiga su producción calculada en 7.5 millones de toneladas al año, informó el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la compañía, Luis Pérez Murrieta.

El también diputado local dijo que Japón consume el 60 por ciento de la producción de la Exportadora de Sal de Guerrero Negro (Essa), empresa paraestatal con una participación del 49 por ciento de la corporación Mitsubishi, por lo que los socios japoneses al igual que el gobierno mexicano están preocupados en la colocación de la sal que por lo pronto no puede adquirir el país asiático.

Mencionó que además de que el puerto japonés donde atracaban los barcos de Essa resultó afectado por el terremoto y el tsunami, la industria de ese país tiene problemas de energía por la contingencia en que se encuentran dos de sus plantas nucleares.

Pérez Murrieta aclaró que a pesar de que las exportaciones de sal a Japón están paradas temporalmente, la producción de Essa no se ha frenado ni se ha despedido a ninguno de los mil trabajadores que laboran en la empresa.

Puntualizó que Estados Unidos, Canadá e Indonesia también compran sal a Essa, por lo que será en el mercado internacional donde coloquen la sal que ahora no se puede enviar a Japón, pues en México el porcentaje de consumo es muy bajo y se limita a sal doméstica.

Auditarán la legislatura anterior; continúa polémica por finiquitos de diputados salientes

La Paz, BCS, 22 de marzo.- El Congreso del estado contratará un despacho externo para la aplicación de una auditoría a la anterior legislatura, cuyos integrantes,  según el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, se asignaron un finiquito por diputado de 900 mil pesos.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Gil Cueva Tabardillo, dijo que la auditoría servirá para conocer el manejo que se dio al presupuesto en los tres años de la legislatura pasada y de paso comprobar si los diputados salientes recibieron una liquidación “que yo he escuchado no fue de 900 mil pesos, sino de 975 mil”.

Mientras el ex diputado independiente Silvestre de la Toba negó la existencia de ese finiquito y dijo que hasta acordaron poner 20 mil pesos de su último salario para pagar el faltante del fondo de ahorro de los trabajadores y la deuda con proveedores, Cueva Tabardillo dijo que la auditoría aclarará las cosas.

Puntualizó que 20 millones 475 mil pesos (que sería la suma del finiquito de los 21 diputados de la legislatura anterior) no pueden desaparecer nada más porque sí y rebotarán en las cuentas si es que se lo otorgaron “y si no fue así también tendremos que decirlo”.

Mencionó que será este miércoles cuando la actual legislatura que entró en funciones el pasado 14 de marzo reciba la administración del Congreso del estado, por lo que a partir de eso se contratará un despacho externo para revisar las cuentas de los tres años y detectar si hubo o no irregularidades o abusos.

Sobre la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado presentada el13 de julio de 2010 por diputados del PRI, PAN y PANAL contra quien o quienes resulten responsables por el presunto delito de peculado o administración indebida de recursos por 7 millones de pesos en el Congreso local durante el ejercicio fiscal 2009, expresó que sigue su curso y acatarán el resolutivo de las instancias judiciales.

Gil Cueva Tabardillo

Pide IP militares en mandos policiacos de BCS

Empresarios de Los Cabos

La Paz, BCS, 21 de marzo.- El sector empresarial de Los Cabos exhortó a las autoridades electas a la gubernatura y a las presidencias municipales, que entrarán en funciones en abril, a blindar el estado del crimen organizado con el nombramiento de militares o ex militares al frente de los cuerpos de seguridad.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi, acompañado de los representantes de Canaco y Canacintra en ese municipio, aplaudió la decisión de la alcaldesa electa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, de anunciar la designación de un ex militar en la Dirección de Seguridad Pública, por lo que pidió al próximo presidente municipal de Los Cabos a seguir por la misma línea.

Dijo que Baja California Sur hasta ahora se mantiene al margen del clima de inseguridad que prevalece en otros lugares del país y de las alertas internacionales, por lo que es fundamental reforzar las medidas de seguridad y dar continuidad a la planificación policial que se inició en la actual administración municipal de Los Cabos.

Expresó que de nada sirve hacer grandes campañas de promoción turística nacional e internacional si no se tiene seguridad, por lo que ese debe ser uno de los principales temas en la agenda de los próximos gobiernos.

Mencionó que junto con la seguridad también deben mejorar la administración y la procuración de justicia en el estado, pues problemas como el despojo de tierra se han convertido en un “deporte” en la entidad.

Destacó la propuesta del gobernador electo Marcos Covarrubias de crear una fiscalía especializada en materia de despojo de tierra, pero indicó que se debe incrementar el presupuesto de las instancias de justicia, pues no se pueden tener ministerios públicos y jueces excedidos de trabajo por falta de personal.

Sancionados 292 funcionarios en el gobierno de NAM, revela contralor

La Paz, BCS, 18 de marzo.- La Contraloría General del Estado informó que entre 2005 y 2010, dentro del periodo de gobierno de Narciso Agúndez que concluye el 5 de abril, se abrieron 859 procedimientos administrativos y se aplicaron 292 sanciones en contra de servidores públicos del gobierno del estado por falta de apego a la normatividad.

Román Rangel Pinedo, titular de la dependencia, precisó que se aplicaron 54 destituciones, 34 de ellas con inhabilitación para trabajar como funcionarios, 18 suspensiones, 183 sanciones económicas, 9 amonestaciones y 30 apercibimientos (advertencias).

Dijo que sólo en 2010 se abrieron 246 procedimientos administrativos, 171 más que en 2005, muchos de los cuales tendrán que ser resueltos por las nuevas autoridades, pues cada expediente se lleva entre seis y ocho meses para contar con un dictamen.

Mencionó que los resultados de la Contraloría estatal de ninguna manera que mantuvieron ocultos porque siempre hubo la disposición de proporcionarlos, pero tampoco se iba a dar a la tarea de difundirlos por sí misma debido a la lectura que se le puede dar.

“Puede decirse que si se abren más procedimientos hay más corrupción y no es así, lo que hay es más control sobre el manejo de recursos de los funcionarios y menos impunidad”, aclaró.

Sobre la postura del gobernador electo, Marcos Covarrubias, de que auditará la actual administración estatal, dijo que el gobierno entrante está en su derecho, pero las cuentas públicas están aprobadas por el Congreso del estado hasta 2010 y se dejará una deuda pública menor a la que se recibió en 2005.

En cuanto a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversas dependencias del estado que manejan recursos federales, dijo que el caso que más ruido hace es el de la Secretaría de Educación Pública del estado, pero está en etapa de solventación.

Explicó que el problema de la SEP de Baja California Sur no es único, sino de todas las entidades del país, que recurren a la reasignación de partidas a la dependencia para el pago de salarios a los trabajadores de la educación porque el recurso que envía la federación es insuficiente para cubrir la demanda de más aulas y profesores.

“No es un desvío de recursos porque no se aplica en un sector diferente al educativo”, mencionó.

PAN, primera fuerza política de BCS

Tras las elecciones del 6 de febrero, el Partido Acción Nacional, que encabezó la coalición Alianza es Contigo con el Partido Renovación Sudcaliforniana, se colocó como la primera fuerza política del estado al obtener la gubernatura, nueve de 16 diputaciones de mayoría relativa y una presidencia municipal.

El Partido Revolucionario Institucional, que formó la alianza Unidos por Baja California Sur con el Partido Verde Ecologista de México, avanzó a la segunda posición con dos presidencias municipales, cuatro diputaciones de mayoría relativa y dos de representación proporcional.

El Partido de la Revolución Democrática, que integró la coalición Sudcalifornia para Todos con el Partido del Trabajo, perdió la hegemonía que mantuvo durante 12 años y se desplomó hasta la tercera posición con dos presidencias municipales, tres diputaciones de mayoría relativa y una de representación proporcional.

El Partido Nueva Alianza y Convergencia que participaron solos alcanzaron una diputación de representación proporcional cada uno.

De acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Estatal Electoral, Marcos Covarrubias Villaseñor, de la Alianza es Contigo, obtuvo 101 mil 45 votos, que representan el 40.9 por ciento de la votación total para la gubernatura.

Ricardo Barroso Agramont, de la coalición PRI-PVEM, obtuvo 84 mil 640 votos; Luis Armando Díaz, de la alianza PRD-PT, 54 mil 385 votos; y Blanca Meza Torres, del PANAL, 4 mil 188 votos.

Esthela Ponce Beltrán, del PRI-PVEM, ganó la presidencia municipal de La Paz con 41,714 votos. El PAN-PRS obtuvo 33 mil 748, el PRD-PT 16 mil 214, Nueva Alianza 15 mil 62 y Convergencia 920.

Venustiano Pérez, del PAN-PRS, ganó la presidencia municipal de Comondú con 17 mil 32 votos. El PRD-PT obtuvo 8 mil 239, el PRI-PVEM 5 mil 772, Nueva Alianza 506 y Convergencia 290.

Jorge Avilés, del PRI-PVEM, ganó la presidencia municipal de Loreto con 2 mil 737 votos. El PAN-PRS obtuvo 2 mil 525, el PRD-PT mil 498, Convergencia mil 114, y Nueva Alianza 369.

Guillermo Santillán Meza, del PRD-PT, ganó la presidencia municipal de Mulegé con 7 mil 849 votos. El PRI-PVEM obtuvo 7 mil 6, PAN-PRS 6 mil 50, Nueva Alianza 446 y Convergencia 145.

Antonio Agúndez Montaño, del PRD-PT ganó la presidencia municipal de Los Cabos con 23 mil 360 votos. El PAN-PRS obtuvo 20 mil 586 y el PRI-PVEM 20 mil 37.

En la contienda por las 16 diputaciones de mayoría relativa el PAN-PRS obtuvo una votación general de 79 mil 497 votos, el PRI-PVEM 70 mil 986, el PRD-PT 59 mil 711, Nueva Alianza 22 mil 435 y Convergencia 9 mil 424.

Por el PAN-PRS ganaron Juan Domingo Carballo (D-3), Sergio Barrón Pinto (D-4) y Jisela Paes Martínez (D-5) de La Paz; Ernesto Ibarra Montoya (D-8) de Los Cabos; Gil Cueva Tabardillo (D-9)  Adela González Moreno (D-10) y Arturo Torres Ledesma (D-11) de Comondú; Dora Oropeza Villalejo (D-12) de Loreto; y Luis Pérez Murrieta (D-14) de Mulegé.

Por el PRI-PVEM, Marisela Ayala Elizalde (D-1), Axxel Sotelo Espinoza (D-2) y Ramón Alvarado Higuera (D-6) de La Paz; y Sandra Luz Elizarrarás (D-13) de Mulegé.

Por el PRD-PT Carlos Castro Ceseña (D-7) y Alberto Treviño Angulo (D-16) de Los Cabos; y Jesús Salvador Verdugo Ojeda (D-15) de Mulegé.

Además, de las fórmulas de representación proporcional fueron elegidos Juan Alberto Valdivia Alvarado (D-3) y a Omar Antonio Zavala Agúndez (D-4) del PRI-PVEM; Edith Aguilar Villavicencio del PRD-PT (D-13); Santos Rivas García (D-12) de Convergencia y Guadalupe Olay Davis (12) del PANAL.

¡Ya vete! le gritaron a NAM en su último informe

La Paz, BCS, 15 de marzo.- En medio de reclamos de justicia, rechiflas, abucheos y gritos de ¡ya vete! y ¡fuera!, el gobernador Narciso Agúndez Montaño, rindió su sexto y último informe de gobierno ante los diputados de la XIII legislatura del Congreso del estado.

La sala de sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso local fue el escenario de los aplausos de los funcionarios y trabajadores de gobierno que dejaron sus oficinas para alentar al gobernador y los reclamos de justicia de los familiares de dos jóvenes asesinados meses atrás en sucesos distintos.

Simpatizantes del diputado priísta Omar Zavala, quien recuperó la curul que había sido reasignada al PAN por el Tribunal Federal Electoral (Trife), y un grupo de trabajadoras del municipio de Comondú que desde hace varios días llevan a cabo un plantón en la explanada del gobierno del estado en demanda de su basificación, también se manifestaron en contra del gobernador.

A cinco semanas de las elecciones locales que dieron fin a la hegemonía del PRD en el gobierno del estado durante dos sexenios, Agúndez Montaño sostuvo que se comprometió a impulsar la democracia y cumplió.

En su mensaje, destacó que en la síntesis de los presupuestos ejercidos durante su gestión,  la inversión conjunta entre el gobierno del estado y la federación pasó de 11 mil 627 millones de pesos en 2005 a 19 mil millones en 2010, lo que significó la realización de más de 30 mil obras y acciones.

Destacó los logros en educación, salud, deporte, cultura, asistencia social, vivienda, empleo, infraestructura, actividades productivas primarias, turismo y seguridad.

Precisó que a pesar de los “lamentables” casos de violencia y detención de narcotraficantes que se observaron en el último periodo, Baja California Sur sigue siendo de los espacios y lugares más seguros del país.

“Dejamos un estado en paz y tranquilidad”, remarcó.

Por su lado, el presidente del primer periodo ordinario de sesiones de la XIII legislatura que quedó instalada el lunes, el diputado panista Luis Pérez Murrieta dijo que la voluntad popular expresada en las urnas en el pasado proceso electoral obliga a los legisladores a dar respuesta a las exigencias sociales de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y en general a consolidar la renovación democrática de los mandos del gobierno. 

Precisó que es necesario consolidar el cambio democrático, pues el solo cambio político sería insuficiente,  porque en el estancamiento económico se marchita la democracia, la competencia política se torna un conflicto social y se frustran los propósitos de equidad y de justicia.

Afirmó que la actual legislatura debe ser conocida por la seriedad de sus trabajos, el rigor de sus deliberaciones y la calidad de sus decisiones.

Al término del informe, la mesa directiva del periodo tomó protesta al priísta Omar Zavala como legislador en sustitución de la panista Norma Alicia Flores, a quien el Trife le había adjudicado la curul.

Con el reacomodo de curules, la coalición PAN-Partido Renovación Sudcaliforniana queda con nueve, el PRI-PVEM con 5, el PRD-PT con 4, Convergencia con uno al igual que Nueva Alianza.

En entrevista, Narciso Agúndez dijo que a unos días de dejar la gubernatura se va con la conciencia tranquila porque se dedicó a trabajar y cumplió con su responsabilidad.

“Me voy tranquilo, podré caminar por cualquier ciudad, cualquier calle del  estado, no le debo a nadie y no tengo nexos con ninguna actividad ilícita”, puntualizó.

Mencionó que no se ve en el gabinete federal y sobre la liquidación de funcionarios, expresó que por ley les corresponde y hará una evaluación de las finanzas para cumplir con el pago, si no sólo entregará un apoyo.

Deseó suerte a su sucesor, el panista Marcos Covarrubias Villaseñor, porque si le va bien a su administración le irá bien a Baja California Sur.

El sector empresarial de Los Cabos consideró que el gobierno de Narciso Agúndez se distinguió por hacer obras, pero dejó pendientes importantes en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia y transparencia, entre otros.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi, puntualizó que de los 10 temas torales que el gobernador se comprometió a cumplir al inicio de su administración, se sacó adelante sólo uno, la creación del Instituto Municipal de Planeación.

En cambio, dijo, el gobierno que se va el 5 de abril, quedó a deber en la aplicación de la ley a los “invasores” de tierras y citó el caso del predio La Ballena, junto al aeropuerto internacional de San José del Cabo, donde las autoridades estatales y municipales incluso intentaron introducir los servicios básicos.

No es posible, señaló, que a los inversionistas  los tres órdenes de gobierno les pongan todo tipo de trabas para desarrollar un proyecto y a gente que no puede demostrar la tenencia de la tierra se le ofrezcan facilidades.

Advirtió que si no se desaloja la ocupación del espacio donde está proyectada la ampliación del aeropuerto en cinco años más ese destino turístico quedará ahorcando.

Manifestó que el gobierno saliente además los engañó en el tema de los impuestos, pues los convenció de aumentar medio punto el de nóminas y uno el del hospedaje, pero el municipio de Los Cabos apenas cumplió y el estado nunca hizo sus aportaciones.

Puntualizó que el gobernador electo ya se comprometió con el Consejo a darle seguimiento a estos temas, por lo que esperan que en cuatro años y medio no tengan que estar haciendo los mismos señalamientos.

Por fin dejó el Congreso del estado Ariel Castro y compañía

La Paz, BCS, 14 de marzo.- Este lunes quedó instalada la XIII legislatura del Congreso del estado, conformada por 10 diputados de la coalición PAN-PRS (Partido Renovación Sudcaliforniana), cinco del PRI-PVEM, cuatro del PRD-PT, uno de Convergencia y uno del Partido Nueva Alianza

Tras las elecciones del 6 de febrero, calificadas como válidas por las autoridades electorales, rindieron protesta los diputados Juan Domingo Carballo, Sergio Barrón Pinto, Jisela Paes Martínez, Ernesto Ibarra Montoya, Gil Cueva Tabardillo, Adela González Moreno, Arturo Torres Ledesma, Dora Oropeza Villalejo, Luis Pérez Murrieta y Norma Alicia Flores por la coalición PAN-PRS.

Marisela Ayala Elizalde, Axxel Sotelo Espinoza, Ramón Alvarado Higuera, Sandra Luz Elizarrarás y Juan Alberto Valdivia por el PRI-PVEM.

Carlos Castro Ceseña, Alberto Treviño Angulo, Jesús Salvador Verdugo Ojeda y Edith Aguilar Villavicencio por el PRD-PT.

También rindieron protesta como diputados Santos Rivas García de Convergencia y Guadalupe Olay Davis del PANAL.

En su primera actividad legislativa, los diputados aprobaron por mayoría la integración de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones que será presidida por el panista Luis Pérez Murrieta.

En la sesión solemne estuvieron presentes el gobernador electo Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y el saliente Narciso Agúndez Montaño, quien fue “abucheado” por el público asistente que llenó la sala de sesiones José María Morelos y Pavón.

Covarrubias Villaseñor, quien rendirá protesta el 5 de abril, dijo que conciente de la separación de poderes su gobierno espera tener una relación respetuosa con los nuevos diputados, de mucha colaboración para ayudar a la ciudadanía.

Destacó la pluralidad de la XIII legislatura con representación de todos los partidos con registro en Baja California Sur y la presencia por primera ocasión de 8 mujeres en las curules porque eso le dará mayor sensibilidad al trabajo del Congreso del estado durante los próximos cuatro años cinco meses.

Representantes empresariales de Los Cabos pidieron a los nuevos legisladores transparencia y responsabilidad para que no se elaboren leyes al vapor o que sólo favorecen los intereses de unos cuantos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi, por ejemplo, criticó a los diputados salientes porque entregaron a los cabildos la facultad de llevar a cabo o no plebiscitos para la elección de delegados municipales bajo el argumento de la austeridad, pero de forma incongruente se otorgaron un bono para cada uno de 900 mil pesos por su labor en la XII legislatura.

“¿Cuál austeridad?, ya no queremos ese tipo de cosas”, puntualizó.

TEE validó triunfos de Covarrubias y alcaldes

La Paz, BCS, 12 de marzo.- El Tribunal Estatal Electoral declaró válidas las elecciones del 6 de febrero y la entrega de constancias de mayoría a los ganadores de la gubernatura y las presidencias municipales de La Paz, Los Cabos, Loreto y Mulegé, las cuales habían sido impugnadas por presuntas irregularidades.

El pleno de los magistrados confirmó a Marcos Covarrubias Villaseñor, ex candidato de la coalición PAN- Partido Renovación Sudcaliforniana, como gobernador electo de Baja California Sur, luego de desechar los recursos de inconformidad presentados por las coaliciones PRI-PVEM y PRD-PT.

De igual forma, confirmó las alcaldías de  Esthela Ponce Beltrán (PRI-PVEM) por La Paz; Antonio Agúndez Montaño (PRD-PT) por Los Cabos;  Jorge Avilés Pérez (PRI-PVEM) por Loreto;  y Guillermo Santillán Meza (PRD-PT) por Mulegé.

Tras los resolutivos, un grupo de personas provenientes de Los Cabos se manifestó en contra del fallo a favor de Antonio Agúndez Montaño, hermano del gobernador Narciso Agúndez, por lo que advirtió que tomarán las instalaciones de la presidencia municipal para que no pueda asumir el cargo.

Durante la sesión, el juicio de inconformidad relacionado con la alcaldía de Los Cabos fue el que causó más expectativa, pero los magistrados consideraron insuficientes las pruebas presentadas por la coalición PRI-PVEM en contra de la elección ganada por el perredista.

Aunque algunas casillas fueron anuladas, su porcentaje no alcanzó el mínimo requerido para repetir la elección.

El resolutivo, asimismo, descartó la participación de Agúndez Montaño en una misa de la iglesia católica durante su campaña como un acto de proselitismo violatorio del artículo 130 constitucional.

Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral retiró una diputación de representación proporcional a la coalición PRI-PVEM para reasignarla al PAN-PRS.

La nueva legislatura que entrará en funciones el 15 de marzo quedará conformada por 10 diputados de la coalición PAN-PRS, cinco del PRI-PVEM, cuatro del PRD-PT, uno de Convergencia y uno del PANAL.

El actual Congreso del Estado aprobó la realización de la toma de protesta de Marcos Covarrubias Villaseñor en la explanada Benito Juárez, frente al Palacio de Gobierno, la tarde del 5 de abril.

Los alcaldes electos tomarán protesta durante la última semana de ese mes.

Genera polémica aeropista de Bahía de los Sueños

La Paz, BCS.- La delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado se contradijeron sobre la operación de la aeropista privada de Las Arenas, municipio de La Paz, que según versión del periódico Excélsior es administrada por Joseph Angelo Bravo, quien presuntamente fue condenado en 1994 por narcotráfico en Estados Unidos.

La oficina de Comunicación Social de la delegación estatal de la SCT informó que el permiso de operación de la aeropista que sirve a los desarrollos turísticos Bahía de los Sueños y Península de los Sueños, fue otorgado al gobierno de Baja California Sur a principios de este año, por lo que desconoce cualquier vínculo con Joseph Bravo, quien según el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos no podría ser titular de una autorización al contar con antecedentes penales.

Explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) supervisa el vuelo de las aeronaves que aterrizan y despegan de la aeropista de Las Arenas, pero la operación de la misma es responsabilidad del gobierno del estado que como propietario del terreno fue el que tramitó el permiso a finales de 2010.

El secretario general del gobierno de Baja California Sur, Alfredo Porras Domínguez, rechazó la propiedad de la aeropista y aclaró que su operación no está a cargo de ellos ni de algún particular, sino de la DGAC con la participación del ejército mexicano en las tareas de revisión de las aeronaves y tripulantes.

Dijo que el gobierno del estado sólo se limitó a gestionar ante la Secretaría de Gobernación la apertura de la aeropista para el desarrollo turístico de la zona de Punta Arenas como parte de la estrategia gubernamental de apoyar la industria turística del estado que representa el 40 por ciento del Producto Interno Bruto de Baja California Sur.

El funcionario estatal cuestionó la veracidad de la información publicada por Excélsior que criticó la participación del gobernador Narciso Agúndez en la inauguración, el pasado 27 de febrero, de la aeropista privada Las Arenas que es administrada por el estadunidense Joseph Angelo Bravo, “quien en 1994 fue condenado a 87 meses de cárcel por conspirar para traficar cocaína, en Nevada”.

Angelo Bravo, según el diario, purgó la pena en un reclusorio de máxima seguridad y debió pagar una multa de 25 mil dólares.

Porras Domínguez dijo no entender como el presidente Felipe Calderón hace una convocatoria para convertir a México en la quinta potencia turística del mundo y “desde el centro del país se nos está tratando de involucrar en cosas raras, cuando estamos a punto de entregar la administración de uno de los estados más seguros del país”.

Puntualizó que el gobierno del estado no conoce a Joseph Angelo Bravo, pues con el inversionista que ha tratado el desarrollo de la zona de Los Planes es Felipe Marco.

¿Entonces no conocen a la persona que es señalada por el periódico y que en la foto publicada este miércoles está a la derecha del gobernador”

“No conocemos a Angelo, quien habló ahí fue Felipe Marco”, respondió.

Además, fue un evento –la inauguración de la aeropista- en el que estuvieron el comandante de la tercera zona militar y un representante del sector naval, concluyó.

Según un boletín de prensa del gobierno del estado emitido el 27 de febrero pasado, el gobernador Narciso Agúndez Montaño encabezó el acto inaugural del aeródromo Las Arenas, el cual es operado conjuntamente por los desarrollos turísticos Bahía de Los Sueños y Península de Los Sueños, en la delegación municipal de San Juan de Los Planes, en el municipio de La Paz.

“Ante la presencia de Felipe Marcos y William Adams, representantes de los mencionados desarrollos turísticos, el gobernador Agúndez Montaño destacó que a lo largo de la presente administración se conjuntaron esfuerzos y recursos con la federación y con las administraciones municipales para facilitar la llegada de nuevas inversiones, principalmente en materia turística”, informó el documento.

El mandatario agradeció el apoyo de la representación en el estado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual respondió de manera positiva a las gestiones encabezadas por el gobierno del estado para el otorgamiento de los permisos que permiten ahora a Bahía de Los Sueños y Península de los Sueños, operar de manera conjunta esta aeropista, puntualizó.

Expectativas del CCE de La Paz sobre nuevos gobiernos

La Paz, BCS.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, Carlos Estrada Talamantes, destacó la amplia participación de la ciudadanía en la jornada electoral del 6 de febrero, ya que se alcanzó una votación del 60.11 por ciento del padrón.

El promotor de la campaña “Si no votas no cuentas” manifestó su satisfacción porque al final se logró el objetivo de aumentar el índice de participación de los ciudadanos en las urnas, pues tan sólo en el municipio de La Paz la votación pasó del 44 por ciento en las elecciones del 2008 al 64.5 por ciento en esta ocasión.

Puntualizó que junto con la promoción del voto por parte del  Instituto Estatal Electoral y la oferta política de los candidatos, la campaña “Si no votas no cuentas”, en la que colaboraron empresarios, ciudadanos y medios de comunicación, contribuyó a alentar la participación ciudadana en la elección del gobernador, los presidentes municipales y diputados locales que próximamente entrarán en funciones.

Mencionó que una vez pasadas las elecciones, lo que toca a la sociedad es dar seguimiento a los compromisos de campaña que hicieron las autoridades electas, así como participar en la elaboración de los planes de gobierno y exigir una rendición de cuentas permanente.

Expresó que uno de los compromisos tanto de gobernador electo como de la presidenta municipal electa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, fue el de reunirse cada dos meses con el sector empresarial del municipio a fin de elaborar y atender una agenda conjunta, la cual entrelaza temas que competen a las autoridades estatales y municipales, a la iniciativa privada y a la sociedad en general.

Manifestó que la expectativa del sector empresarial con relación a las nuevas autoridades es la de poder trabajar juntos en temas torales como el del agua potable, no sólo porque implica la salud de los habitantes del municipio de La Paz, sino porque también afecta el desarrollo o estancamiento de las distintas actividades productivas.

Expresó que en la parte económica se tienen que identificar todos aquellos sectores que puedan detonar la riqueza y generar fuentes de empleo, pues si bien es cierto que La Paz y el estado tienen una vocación eminentemente turística es necesario respaldar otras actividades como la pesca, la ganadería, la agricultura, y los servicios.

Abundó que también se tienen que actualizar y modernizar los ordenamientos jurídicos como la Ley de Fomento Económico a la que no se le ha metido  mano desde hace muchos años, rezagando la competitividad del estado al no ofrecer mejores condiciones de inversión.

Puntualizó que otros temas fundamentales son el de la seguridad pública a fin de mantener la tranquilidad que hoy día prevalece en el estado, y el de la transparencia y combate a la corrupción, por lo que será necesario que las nuevas autoridades cumplan con el compromiso de facilitar el acceso de la información a la ciudadanía a través del Instituto creado ex profeso para esa tarea.

Sobre la conformación de los gabinetes estatal y de cada municipio, dijo que las autoridades electas tienen la responsabilidad de seleccionar y responder por el desempeño de los nuevos funcionarios.

Dijo que en el sector empresarial hay elementos con capacidad y talento para incorporarse a la función pública, pero de ninguna manera se están negociando puestos, pues la selección depende única y exclusivamente del gobernador y los presidentes municipales electos.

“Más que negociar, el que va a gobernar tiene que conformar el gabinete con gente de su confianza, aquella que sabe que le va a responder. Si nos piden una opinión la daremos con todo respeto”, puntualizó.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz dijo que no habían tenido todavía acercamiento con el gobernador electo Marcos Covarrubias Villaseñor, pero confió en que lo harán una vez que quede constituido el equipo de transición del nuevo mandatario.

Por otro lado, se pronunció por una relación clara y transparente con las autoridades electas, para lo cual existen, dijo, los mecanismos legales para la asignación de obras y servicios, y en su defecto otras herramientas como las contralorías para que puedan impugnar aquellos que se sientan afectados en sus intereses.

Estrada Talamantes se manifestó en contra de la creación de nuevos impuestos, por lo que planteó la posibilidad de que mejor se revisen los casos de aquellas empresas que asentadas aquí tienen sus domicilios fiscales en las grandes ciudades del país, pues en la medida que se domicilien  a nivel local se podrán lograr mejores participaciones federales en el marco de los convenios de participación fiscal.

De igual forma, expresó, se debe buscar la forma de incorporar al fisco a quienes se dedican a la economía informal, a fin de que se amplie el recurso público y no sean los mismos de siempre, las empresas y los asalariados, los afectados con el incremento de impuestos.

Con relación al Congreso del estado, consideró que la nueva legislatura puede constituirse como el gran motor de transformación de la sociedad a partir del mejoramiento de las leyes.

Dijo que hoy como nunca hay una conformación plural con diputados con buen perfil, quienes tendrán que demostrar oficio político, haciendo los cabildeos y logrando los consensos necesarios para mejorar el marco legal existente.

Expuso que ante el despertar de la sociedad que en los últimos meses ha cuestionado severamente algunas leyes, los diputados que entrarán en funciones el 15 de marzo están obligados a tomarla más en cuenta.

Al hacer una breve evaluación de los gobiernos salientes, el empresario manifestó que es innegable el avance que tuvo el estado en los 12 años recientes.

Dijo que no sería válido no reconocer obras como el hospital Salvatierra, el CRET, los nuevos espacios educativos y la ampliación a cuatro carriles de la carretera La Paz-Cabo San Lucas que aunque se cuestiona que fueron construidas con recursos federales los mismos fueron producto de una capacidad de gestión.

Hoy la sociedad, apuntó, le está dando oportunidad a otras gentes, de eso se trata la democracia, pero hubo muchos aciertos, insistió.

Puntualizó que a nivel municipal la carga que representan las nóminas será limitante para hacer transformaciones de fondo, pero ese es uno de los grandes retos que tendrán que afrontar las nuevas autoridades, para lo cual contarán con cuatro años y medio.

Proyecto de Paredones Amarillos no está cancelado: Semarnat

La Paz, BCS.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que el proyecto Paredones Amarillos para la explotación de oro en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna no está cancelado, pese a que el 17 de febrero de 2010 desechó el cambio de uso de suelo de forestal a minero, explicó el delegado de la dependencia Marco Antonio González Vizcarra.

Dijo que el proyecto sigue vigente porque la manifestación de impacto ambiental autorizada el 20 de junio de 1997 de forma condicionada caduca el 23 de mayo de 2012, aunque, puntualizó, “desde que fue rechazado el cambio de uso de suelo porque la empresa no pudo acreditar la propiedad de los terrenos no se ha presentado ningún recurso de inconformidad”.

Mencionó que la empresa tampoco ha notificado el cambio de razón social a la Semarnat, por lo que desconoce si fue sustituido por el de Concordia como una estrategia mediática.

Admitió, sin embargo, que la semana pasada ingresó a la Semarnat un estudio de impacto ambiental para la construcción de una desalinizadora de agua de mar que está contemplada como parte del proyecto minero de Paredones Amarillos, aunque no precisó el nombre del promovente.

De cualquier forma –aclaró- alguien puede solicitar el trámite y luego transferirlo a otra personalidad.

Por otro lado, la organización SOS informó que en 2008 la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la desincorporación de mil 332 hectáreas de terrenos nacionales en la Sierra de la Laguna, que incluyen el área concesionada por la Secretaría de Economía a la minera Paredones Amarillos,” lo que podría poner punto final al proyecto de explotación de oro en esa zona”.

Así, mientras la empresa filial de la canadiense Vista Gold no ha podido comprobar la propiedad de la tierra concesionada, el pasado primero de enero la SRA dio a conocer la realización de un trabajo de identificación y deslinde de un millón 45 mil hectáreas de terrenos nacionales en áreas naturales protegidas del país para ser puestas a disposición de las autoridades ambientales para su cuidado y administración, entre las que se cuentan mil 332 hectáreas en la Sierra de la Laguna, Baja California Sur.

Mulegé no será refugio de exfuncionarios: Guillermo Santillán

El presidente municipal electo de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, aclaró que su gobierno no será refugio de ex funcionarios perredistas, pues su compromiso es con el pueblo que lo eligió.

Mencionó que la selección del gabinete no la tiene todavía, pero junto con el equipo que siempre lo ha respaldado, lo integrará con toda responsabilidad, con gente que llene los perfiles que se necesitan en cada área.

Puntualizó que no se trata de dar chamba a quienes se queden sin empleo, sino de escoger a profesionales con voluntad de servicio.

El exdiputado local expresó que se tiene la impresión de que Mulegé es un municipio pobre debido a sus problemas administrativos, pero la realidad es que cuenta con un potencial enorme en materia pesquera, minera, turística y agrícola.

Destacó que además de su tamaño, catalogado como el segundo municipio más extenso del país, Mulegé cuenta con playas, sierras, oasis, desierto, pinturas rupestres, arquitectura, flora y fauna que lo colocan como un municipio privilegiado que requiere de gestión para atraer las inversiones oficiales y privadas que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.

Mencionó que como una de sus primeras tareas como presidente municipal electo ha sido la de reunirse con los medios de comunicación, pues indudablemente representan un mecanismo importante no sólo para difundir las obras de gobierno, sino para promocionar el municipio en el exterior, pues sólo así gente de otros lugares, del país y del extranjero, se pueden interesar en Mulegé.

Anticipó que uno de sus objetivos es el de darle el estatus de “pueblo mágico” a Santa Rosalía, la cabecera municipal de Mulegé, caracterizada por su arquitectura francesa del siglo XIX.

En ese sentido, dijo que próximamente se reunirá con el embajador de Francia en México para tender puentes con ese país que permitan conseguir recursos para Santa Rosalía y el municipio de Mulegé.

Expresó que de la misma manera se reunirá con el gobernador electo Marcos Covarrubias y con los funcionarios federales que sea necesario a fin de propiciar el crecimiento económico de Mulegé.

Puntualizó que como alcalde electo busca hacer historia de la buena, con un trabajo honesto, transparente, de mucha gestión y de acercamiento con los ciudadanos, incluyendo las comunidades más lejanas.

Prefirió no hablar de las condiciones financieras de la administración municipal, pues en los próximos días se reunirá con el alcalde saliente en el marco del proceso de entrega-recepción.

Rechazo a la minería tóxica en BCS

Raymundo León Verde

La Paz, BCS.- La concesión de miles de hectáreas en Baja California Sur a empresas canadienses para la explotación de minas de oro a cielo abierto con el uso de explosivos y sustancias tóxicas como el cianuro han generado protestas entre la población y la revisión de la legislación para permitir o desechar este tipo de industria en la entidad.

Organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, políticos, autoridades, académicos y ciudadanos demandan la cancelación de los proyectos de minería tóxica autorizados por el gobierno federal debido al riesgo que representan para la salud, el medio ambiente y las actuales actividades productivas de la región, en especial el turismo y la agricultura orgánica.

La autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Paredones Amarillos en 350 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos, fue el detonante de una movilización ciudadana que obligó a la  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a frenarlo con el rechazo del cambio de uso de suelo, de forestal a minero.

La promotora del proyecto, Vista Gold, con sede en Vancuver, Canadá, no se ha dado por vencida al anunciar el reinicio de los trámites, pero ahora con el nombre de minera Concordia.

Ariel Ruiz Castillo, dirigente de la organización “Agua vale más que oro” surgida en el pueblo mágico de Todos Santos, a 30 kilómetros de distancia del proyecto Concordia, explicó que ante el repunte del precio del oro y otros metales empresas extranjeras, sobre todo canadienses, reanudaron los procedimientos administrativos en las zonas donde obtuvieron concesiones por parte del gobierno federal desde la década de los ochentas.

Un estudio del Servicio Geológico Mexicano del año pasado precisa el otorgamiento de al menos siete concesiones para la explotación de oro en Baja California Sur.

En La Paz, Picacho Blanco en proceso de licitación; Paredones Amarillos asignada a Minera Paredones Amarillos; San Antonio asignada a las empresas San Felipe, Minera Baja California y Minera María; El Triunfo asignada a Minera El Triunfo; y en Loreto, en proceso de exploración.

Ruiz Castillo cuestionó el doble discurso del gobierno federal en materia ambiental, pues por un lado el presidente Felipe Calderón en foros internacionales declara que México ha emprendido una serie de acciones para detener el cambio climático y por otro otorga concesiones a diestra y siniestra en todo el territorio nacional para la operación de una industria “contaminante y peligrosa” que está prohibida en otras partes del mundo.

Señaló que sólo el proyecto Concordia contempla el uso diario de 16 toneladas de cianuro para el proceso de separación del oro de la roca, lo que representa el paso de cuatro camiones cada día por la ciudad de La Paz durante nueve años y medio.

Además se cavaría un cráter de dos kilómetros de diámetro y 450 metros de profundidad, por lo que las explosiones y la trituración de las piedras que contienen el oro formaría una nube de polvo con partículas de arsénico (existente en la región de forma natural) que, según el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se esparciría en un radio de 170 kilómetros, lo que contaminaría la flora y fauna, destruiría los cultivos de orgánicos, y pondría en riesgo la salud de la población.

Añadió que la impermeabilización de la “presa de jales”, donde se depositarían los desechos de roca y cianuro, tampoco evitaría las filtraciones a los acuíferos de la zona ni está garantizado que no se reviente.

Ariel Ruiz señaló que los promotores de Concordia ofrecen 200 puestos de trabajo durante el tiempo que dure la extracción del oro, pero a cambio acabarán con la agricultura orgánica de la zona que hoy mantiene 10 mil empleos.

El 16 de enero más de nueve mil personas se reunieron en la playa El Tule de Cabo San Lucas para formar una S.O.S. (señal internacional de socorro) contra la minería tóxica en Baja California Sur.

El vocero de la organización derivada de esa movilización, David Sosa, señaló que a la preocupación causada por el regreso de Concordia se sumó información filtrada sobre una concesión de 44 mil hectáreas otorgada por la Secretaría de Economía en favor de  Pediment Incorporated  (Canadá) para instalar un agresivo proyecto de extraccion de oro a cielo abierto en un área aledaña a desarrollos  turísticos  y muy cerca del Mar de Cortés,  en el municipio de La Paz, así como otra de mil 445 hectáreas asignada a un particular en el cerro de la Trinidad en el municipio de Los Cabos.

 “¿En qué cabeza cabe hacer de un centro donde se asolean y emborrachan celebridades como George Clooney y Cameron Díaz, en un lugar con explosiones diarias, polvo y cianuro, o el uso irracional de agua en un lugar desértico?”, preguntó.

Aclaró que el proyecto de Vista Gold continúa y la prueba de ello es que presentó la MIA de la desaladora de agua de mar que utilizaría para la explotación de oro.

Además, advirtió, es extraño que por un lado la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas reclame más de mil hectáreas en la Sierra de la Laguna, que incluyen la superficie concesionada a Vista Gold, para su tutela y por otro reciba donativos de Baja Mining, empresa coreana que extrae cobre de Mulegé, pues algunos de los directivos de ésta también lo son de la primera.

Señaló que las leyes mexicanas en materia minera son muy frágiles y las empresas extractivas muy abusivas y puso como ejemplo los proyectos en el área de San Antonio, municipio de La Paz, donde los empresarios acordaron con los ejidatarios un pago de 25 pesos por metro cuadrado y que estos últimos se hagan cargo de los desechos tóxicos al término de la concesión.

Puntualizó que la sociedad organizada de Baja California Sur ya demostró que no quiere el asentamiento de la minería tóxica en esta entidad y continuará con la movilización, ahora con la recolección de cien mil firmas.

El gobernador Agúndez Montaño recordó que al interior del Consejo Consultivo para el Desarrollo Forestal del Estado fue rechazado el proyecto denominado en un inicio Paredones Amarillo y que hoy se presenta con el nombre de Concordia, ya que estudios realizados por instituciones de investigación y de educación superior comprobaron los altos riesgos de contaminación de los mantos freáticos que implican los procesos de producción de oro que contempla esta empresa.

Mientras el Congreso local aprobó en noviembre del año pasado una reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico que prohíbe a las autoridades estatales y municipales el otorgamiento de permisos de uso de suelo para la minería a cielo abierto.

El decreto, sin embargo, fue “congelado” por la presidenta del periodo pasado periodo ordinario de sesiones, la perredista Graciela Treviño, que no lo envió al ejecutivo estatal para su publicación en el Diario Oficial, luego de las protestas de la industria minera.

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) afirmó, en su oportunidad, que la promulgación de esas reformas implicaría una violación a la Constitución de la República y su aplicación afectaría a los seis grupos mineros asentados en Baja California Sur que en el 2010 invirtieron 458 millones de dólares y generaron 4 mil empleos.

Ariel Ruiz reconoció que la iniciativa aprobada por el congreso local transgrede la legislación federal, por ello fue detenida.

 “No estamos en contra de toda la minería, pues entendemos la viabilidad de la salinera de Guerrero Negro o la yesera de San Marcos, estamos en contra de la minería tóxica, aquella que utiliza sustancias peligrosas como el cianuro y el arsénico”, aclaró.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi, a su vez, declaró que la minería tóxica y el turismo son incompatibles.

Armando Sánchez, vocero de Sudcalifornianos Organizados por la Sustentabilidad, enfatizó que la presencia de las minas tóxicas a cielo abierto provocaría la bancarrota de toda la industria turística e inmobiliaria de Los Cabos.

“Al día siguiente que se instale la primer mina bajarían el precio de las tierras aledañas a las mismas”, apuntó.